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ANTEPROYECTO DE LEY DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA

             Ha pasado mas de una década desde aquél mandato, contenido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que instaba a la elaboración de una nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, cuyo anteproyecto hemos conocido hace unos días.

            Entendemos por jurisdicción voluntaria, aquellos asuntos en los que no existiendo controversia entre partes, requieren sin embargo de la intervención judicial para la tutela de derechos e intereses legítimos.

            En la exposición de motivos del anteproyecto se dispone que esta nueva Ley nace con la intención de agilizar y simplificar  los trámites en aquellos asuntos en los que no existe contienda entre las partes, así como de reducir costes para el ciudadano, algo más que cuestionado ya por los distintos operadores jurídicos.

            Entre las principales modificaciones que se incorporan en esta nueva ley, cabe apuntar por su especial importancia las siguientes:

-          En la mayoría de los asuntos sometidos a jurisdicción voluntaria, no será preceptiva la intervención de abogado y procurador, lo cual entendemos supone una merma en las garantías y derechos del ciudadano, en tanto en cuanto, muchos de estos asuntos tienen ab initio una base o sustrato contencioso, desde el mismo inicio del procedimiento.

-          Bajo el pretexto de descargar a los jueces y tribunales de determinadas funciones para que puedan desarrollar su principal cometido que es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, se encomiendan la tramitación de expedientes de jurisdicción voluntaria, en sede judicial, a secretarios judiciales, y en sede extrajudicial, a notarios y registradores.

-          Para resolver las cuestiones de jurisdicción voluntaria existe un único procedimiento, o solo sede judicial o solo ante fedatarios públicos, no hay alternativas o posibilidad de elegir, con excepción de matrimonio y divorcios, consignaciones y reconocimiento de deudas no contradichas.

-          La gran mayoría de los expedientes de jurisdicción voluntaria serán resueltos por el Juez. Entre ellos, cabe citar por ser algunos novedosos: Procedimientos para obtener la autorización o aprobación judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial; extracción de órganos de donantes vivos; disolución judicial de sociedades; intervención en los casos de desacuerdo de la patria potestad; expedientes relativos al albaceazgo; acogimiento de menores y adopción; restitución de menores en casos de sustracción internacional; tutela, curatela y guarda de hecho; concesión judicial de la emancipación y beneficio de la mayoría de edad, protección del patrimonio de las personas con discapacidad; derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del menor o discapacitado; actos de disposición o gravamen de bienes o derechos de menores e incapaces y de la transacción acerca de sus derechos; intervención judicial en los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes gananciales.

-       El secretario judicial interviene en un número importante de procedimiento de jurisdicción voluntaria, a saber: expedientes relativos a contadores-partidores dativos; fijación de plazo para el cumplimiento de obligaciones; la consignación; conciliaciones; nombramiento de administrador, liquidador o interventor en los casos previstos legalmente; nombramiento de peritos en los contratos de seguro; del robo, hurto, extravío o destrucción de títulos; habilitación para comparecer en juicio y nombramiento de defensor judicial; declaración de ausencia o fallecimiento.

-          Respecto a los expedientes notariales y registrales, sin duda lo que ha causado mayor polémica es la posibilidad que se les brinda a los notarios de poder celebrar matrimonios como ya ocurre actualmente con los alcaldes. También podrán los notarios decretar la separación o divorcios de los cónyuges de mutuo acuerdo y siempre que no haya hijos menores. La Ley reconoce también un procedimiento notarial para la reclamación de deudas, es lo que ha venido a llamarse el monitorio notarial, por sus similitudes con el procedimiento judicial. También se encargarán de designar al contador partidor dativo, también se encargarán de los expedientes relativos a la declaración de herederos cuando no haya testamento y la protocolización de los de los testamentos ológrafos, y un largo etc. de atribuciones.

            En definitiva, entendemos que era necesaria una nueva regulación de la jurisdicción voluntaria, ahora bien el nuevo texto beneficia a ciertos colectivos profesionales en perjuicio de otros, sacando para ello, de sede judicial procedimiento que nunca deberían tramitarse y resolverse fuera de los juzgados, por las garantías al justiciable que estos ofrecen. Esto supone dar competencias jurisdiccionales a quienes no las tienen.

            Establece también el anteproyecto que, la formulación de oposición por alguno de los interesados en el expediente no impedirá la continuación del mismo hasta su resolución, es decir, se acepta la posibilidad de seguir con la tramitación del procedimiento pese a la existencia de contradicción. Por tanto, en casos de contradicción el ciudadano se verá obligado a recurrir tras la tramitación y terminación del expediente de jurisdicción voluntaria a un proceso declarativo posterior. Por lo que en estos casos, que son muchos, el tiempo que se tardará en la resolución del asunto será mucho mayor y el coste económico también, no es entendible que no se mantenga la posibilidad de hacer contradictorio el procedimiento de jurisdicción voluntaria, como está en la actualidad, pues como ya expusimos en gran parte de estos procedimientos la base contenciosa está patente desde su inicio.

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